El diputado a la Asamblea Nacional, Antonio Barreto Sira, afirmó que “con o sin inmunidad seguiremos legislando por Venezuela”, en respuesta a lo que calificó como la “ilegal” sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

“Sí, los magistrados de la Sala Constitucional nuevamente demuestran que son activistas políticos del Gobierno. Qué están supeditados a los intereses del poder y que son los primeros enemigos de la democracia y la libertad en el país”, destacó, de acuerdo a una nota de prensa.

Barreto Sira fue tajante al indicar que la bancada de la Unidad seguirá en el Parlamento, en la calle y en todos los escenarios su lucha por el rescate de los valores morales y principios constitucionales violentados por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro al amparo del TSJ.

El asambleísta aseguró que el Poder Judicial nuevamente protagonizaron un “golpe de Estado” a las leyes de la República, a la Asamblea Nacional, la Constitución y al pueblo venezolano.

“El régimen intenta bloquear desesperadamente las acciones de los diputados demócratas. Por un lado ordena intimidar con la fuerza militar a los parlamentarios demócratas, y por el otro, a través de la sentencia 155 pretenden amordazarnos al arrebatarnos nuestra inmunidad que nos otorgó el pueblo en elecciones democráticas, y con una amplia ventaja”.

Asimismo, el parlamentario calificó como “exabrupto” la actuación que efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales realizaron en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo.

Recordó que las FANB deben obedecer los preceptos constitucionales y su lealtad es hacia el pueblo venezolano y no en favor de ninguna tendencia política.

“Aquí el soberano es el pueblo y quien debe tener la última palabra es la sociedad venezolana a través de elecciones libres, democráticas y secretas; los militares deben ser garantes de la Constitución y de la decisión popular, y no servir de escuadrón al servicio de una individualidad o creencia determinada”, añadió.

El legislador por Anzoátegui precisó que todas las acciones llevadas adelante por el Ejecutivo obedece al pánico que sienten en Miraflores al verse acorralados nacional e internacionalmente, sin apoyo en el OEA y con mucho menos respaldo entre la población venezolana.