Nicolás Maduro reta a la oposición a un debate en cadena nacional sobre la corrupción con Nelson Merentes sentado a su lado. Siguiendo el ejemplo del padre, los hijos están aplicado la popular conseja del ladrón que para despistar grita: ¡allá va el ladrón!

El castrochavismo no hace política para el país, ni le preocupa la opinión de los opositores. Lo que le quita el sueño es la generalizada percepción entre sus votantes de que la corrupción es el mal de la “revolución”, y una de las causas de los resultados electorales del 14 de abril pasado.

Si este gobierno quisiera combatir la corrupción podría empezar por eliminar los focos que la fomentan. Por ejemplo:

¿PDVSA va a dejar de ser la secretaría de finanzas del PSUV? ¿Se eliminará el control de cambio? ¿Van a dejar de gobernar arbitrariamente? ¿Ahora si van a respetar los derechos de propiedad? ¿El FONDEN queda igualito? ¿Van a administrar con transparencia las finanzas públicas?

¿Van a renunciar a ejercer el PODER tal y como lo heredaron?

La respuesta es obvia: nada de esto hará el gobierno (espurio, pero gobierno al fin) de Nicolás Maduro, por una sencilla razón: es la trama del poder creada por Hugo Chávez y que él heredó.

Esta historia empezó con el “Plan Bolívar 2000”, presentado como una especie de plan de emergencia social a inicios del gobierno de Chávez, manejado por los militares, pero cuyo verdadero propósito era comprar (y luego chantajear) a los mandos de las Fuerzas Armadas para comprometerlos con su proyecto de poder personal. Nadie nunca supo, ni se investigó, ni se dejó investigar, cuánto dinero manejado en efectivo por los comandantes de guarniciones, sin auditoria, ni rendición de cuentas se perdió. Se aplicó el “dejar hacer, dejar pasar”.

La corrupción se convirtió en parte de los mecanismos del poder chavista luego que se completara la captura de todo el Estado venezolano, verdadero objetivo y propósito del proceso constituyente de 1999, y con ello se eliminaran todo tipo de contrapesos institucionales al todopoderoso presidencialismo.

Súmele a eso la genial decisión de prohibir constitucionalmente el financiamiento público de los partidos políticos, coartada en la que se ampararon los financistas del MVR y luego del PSUV (los bolichicos y bolioperadores) para enriquecerse en nombre de las necesidades de la revolución siempre amenazada.

De allá para acá: compras de plantas eléctricas y equipos militares rusos sin licitación, contratos asignados a dedo a empresas de países aliados (como Odebrecht), total impunidad para los operadores de bonos y divisas, saqueo de alcaldías y gobernaciones de estado, millonarias comisiones en compra-venta de inmuebles por parte de administradores públicos. Esto, entre otros negociados es con lo que ha engordado la boliburguesía chavista.

En nuestra vida nacional han sido precisamente los gobiernos autoritarios (militares) los más corrompidos por la falta de controles institucionales. La gran excepción: los fundadores de la Democracia, que se destacaron por la honestidad de sus vidas personales y el transparente manejo de los recursos públicos.

Ha sido una constante: a mayor concentración de poder discrecional en una sola persona o grupo,  mayor corrupción. En un marco institucional como ese el desfalco  de los bienes públicos es inevitable por más honestos que sean los que dirijan el Estado. Aunque obviamente a nosotros no nos gobiernan San José, la Virgen y el Niño Jesús.

El castrochavismo ha roto todos los precedentes en cuanto a escala e impunidad. Aquí no se trata de un negociante o empresario que compró a un político o un funcionario que cobró  una comisión. Sino de una camarilla que (valiéndose de la falta de escrúpulos en vida del insepulto) capturó el Estado y pretende beneficiarse de los recursos del país para toda la vida. Tal y como ocurre en Cuba con la familia Castro y sus allegados.

El ejercicio del poder por el castrochavismo es el clásico caso de una cleptocracia, con el coctel completo: desviación y apropiación privada a gran escala de recursos públicos, malversación, nepotismo, peculado, clientelismo masivo e impunidad institucionalizada.

Este tipo de regímenes políticos  dirigidos por una élite extractiva condenan a los países que dominan al fracaso económico de manera irremediable, pues no fomentan sino que más bien castigan el ahorro, la inversión y la innovación.

De modo que en este caso la corrupción no es la consecuencia de un mal diseño institucional o la debilidad ética de un funcionario. No. La corrupción está en el fundamento mismo de un sistema que nos condena,  a pesar de venir del mayor ingreso petrolero de toda la historia, a tener el crecimiento por habitante más bajo del continente (sólo por encima de Haiti), la tasa de inflación mensual más alta del hemisferio, donde se incendian las refinerías,  escasean los productos básicos, etc.

El sistema está diseñado para funcionar así: un grupo en la cúpula llenándose los bolsillos y el resto de la población viendo como sobrevive.

La base de poder de Nicolás Maduro es la imprescindible complicidad entre los herederos  que componen la camarilla: “Para mis amigos todo, para mis enemigo la ley”. Hasta que “alguien” de adentro ya no sea tan amigo y entonces el combate contra la corrupción es el pretexto para los pases de factura en la lucha interna por el poder.

Tal vez, esa sea la verdadera razón por la cual Maduro se puso a hablar de la boliburguesia sin que nadie se lo estuviera preguntando.

Pedro Benítez

Secretario Político del CEN de AD