El presidente colombiano Juan Manuel Santos expresó la semana pasada su parecer sobre el presunto manto de ilegitimidad que arropa al Presidente Maduro. “Hay que esperar los resultados de la auditoría para no reconocer a Maduro”, fue más o menos lo que dijo el mandatario en aquella oportunidad. Tal afirmación le valió el rechazo inmediato del Ex Presidente Pastrana, quien se anota en la onda de no reconocer al Presidente venezolano mientras no se cumplan las exigencias de la oposición en el procedimiento revisor en cuestión.

Entre estas dos posturas, la de Santos, es la correcta. Partiendo del principio de la buena fe, Maduro fue electo democráticamente y de forma transparente, hasta que no se demuestre lo contrario. Mientras no medie acto administrativo del Consejo Electoral o sentencia firme de la Sala que rige la materia, “el hijo de Chávez” es el mandatario que debe ser reconocido por todos.

Sus actos son válidos, legales, constitucionales, legítimos. El concepto de legitimidad tiene un sustrato más sociológico que jurídico. Luego de la denuncia de fraude, incoada por la Coordinadora Democrática en agosto de 2004, post referendo revocatorio, aun cuando se cuestionaba la pulcritud del triunfo de la opción del SI, nadie puso en discusión la válidez de los actos de gobierno del Presidente Chávez, ni la legalidad de los actos administrativos de los funcionarios de su administración, por ser aquellos “ilegítimos”.

La denuncia de irregularidades en el acto electoral no es incompatible con el reconocimiento de Maduro como Presidente. Al hacerlo, se cae el discurso oficialista que señala a la oposición de golpista o antidemocrática por no reconocer a las instituciones. Cesaría también la conducta del Presidente del parlamento, Diosdado Cabello, de negar el derecho de palabra a la fracción de la oposición, y actos de violencia como los de ayer se hubiesen evitado.

El reconocimiento del gobierno no es un acto de traición, de debilidad, de claudicación en las convicciones, sino un acto de madurez e inteligencia política. La política es la administración de la realidad o las “realidades” para aprovechar de estas lo más conveniente a los intereses que defiendes o principios que profesas.

Alejandro Toledo denunció, combatió y probó el fraude de Fujimori hasta provocar su caída y en esa cruzada se abstuvo de reconocer o no el ejercicio de “El Chino” en el gobierno. En la práctica aunque está cuestionada su legitimidad de origen, no se pone en duda la legitimidad en ejercicio (la cual, paradójicamente, deriva de la primera) ya que es un hecho público, notorio e incuestionable la eficacia de los actos de la autoridad constituida.

La dicotomía entre legalidad y legitimidad seguirá dando debate y hará correr en los folios de los tratadistas muchos litros de tinta. Lo que nos concierne, más allá del debate académico, es el saldo o fruto político del no reconocimiento. El no reconocer los resultados es distinto a no reconocer la autoridad constituida y en ejercicio. En 2004 y 2005, sectores adversos al gobierno plantearon la abstención electoral para deslegitimar a los candidatos electos por haber sido escogidos con una baja concurrencia. Más pronto que tarde, estos sectores volvieron al ruedo electoral, gracias a lo magro de esta estrategia. No fueron ilegítimos los mandatos de los electos en aquellas oportunidades.

En México vimos naufragar en el mar del discurso válido pero eficazmente nulo de la ilegitimidad, a Manuel Andrés López Obrador respecto a la elección de Vicente Fox, llegando a la insensatez de no solo no reconocer a Fox y a su entorno, sino nombrar además un gobierno “paralelo” que convirtió a un  otrora respetable dirigente de izquierda en el hazmerreir de América Latina.

Solo es válido si es eficaz, dijo Kelsen. El no reconocimiento y la ilegitimidad ha demostrado ser una ficción.

Raimundo Noel

Secretario Político AD Baruta