El Jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, instó a los órganos de justicia del país a investigar y determinar la responsabilidad en el acoso que recientemente inició a través de llamadas y mensajes de texto en contra de periodistas y escritores del país.

Recordó el parlamentario la reciente denuncia pública, y luego formal, que hicieron ante la Fiscalía General varios de los afectados por esta ola de amenazas personales y familiares, luego de que se difundieran en la red social Twitter los números de contacto de Rayma Suprani, Leonardo Padrón, Laureano Márquez, Mariela Celis Francisco Bautista, Ibeyise Pacheco, Nitu Pérez Osuna, Mary Montes, Milagros Socorro y Berenice Gómez, evento que marcó el inicio de esta lamentable etapa de insultos y provocaciones con profesionales que abiertamente se oponen al gobierno nacional. “En este caso estamos frente a varias violaciones al marco legal vigente, que incluyen la privacidad de las personas, al difundir números telefónicos, el amedrentamiento que a través de las redes sociales y por vía más directa, así como la calumnia y la injuria que se profieren en muchos de estos mensajes. Pero lo más grave, y lo que ningún estado que se precie de democrático puede avalar, es el cuestionamiento directo a la libertad de expresión”, apuntó Zambrano, quien recordó que la libre manifestación de opiniones no puede acarrear consigo ninguna respuesta violenta de quien difiere.

“Bajo la égida democrática y en el marco de la libertad de expresión, el principio del estado constitucional priva como componente fundamental de respeto a las minorías, diversidad y pluralidad”, señaló el parlamentario, a la vez de insistir en que la libertad de pensamiento no puede ser conculcada por el terrorismo sicológico auspiciado por el Estado. “Los laboratorios de guerra sucia del gobierno deben ser desactivados para darle paso al debate de las ideas, la evaluación de la gestión pública y la contraloría social, mecanismo que permite a los electores tomar sus decisiones en libertad”.

“Está en manos del estado, a través del Ministerio Público, dar oportuna respuesta a esta lamentable situación, en la que hasta el momento están desatendidas las amenazas de muerte, los insultos y la oferta de violencia en contra de estos compatriotas”, dijo, a la vez de exhortar a los encargados del gobierno a que incluyan en su discurso político el reconocimiento del adversario político y auspicien el respeto a la Constitución que prohíbe la discriminación sobre la base de credos, razas o ideologías.

Los delitos informáticos están incluidos en la ley homónima, recordó el diputado por el estado Lara, con lo que no existe excusa alguna para evadir las responsabilidades a las que haya lugar. “Así como recordamos los episodios de personas que fueron señaladas de difundir falsas informaciones en el pasado sobre instituciones bancarias por las cuales fueron detenidos, esperamos que se produzcan las medidas pertinente para evitar que episodios como este se repitan, en vista de que todos los ciudadanos debemos ser tratados de forma igualitaria. Las sociedades inteligentes actúan bajo la racionalidad, la barbarie proviene del abuso de poder que desconfigura el mandato electoral y termina al servicio del totalitarismo”

Para el también Vicepresidente de AD, la intimidación no puede ser política de Estado, ni siquiera por omisión, en vista de que de esta forma se pierden los derechos ciudadanos. “La diversidad de medios de comunicación en la cual tiene una importante y gran participación el gobierno, permite a la gente decidir sobre a quién le otorga credibilidad, de eso se trata la democracia. Elegir qué periódico leer, cuál programa de radio escuchar, la programación que se desea sintonizar, para poder formar nuestras propias opiniones”, recalcó.

Prensa AD