El régimen viene con toda sus fuerzas después de su triunfo electoral.  Esto no es novedad, no es una sorpresa, ya desde hace tiempo se ha venido advirtiendo. Mientras unos se mueven en la dimensión de lo legal, desde Miraflores se mueven en la dimensión de la legitimidad política. Esta pretensión tiene como nombre la aprobación del segundo “Plan Socialista” y el llamado “proceso constituyente” para debatirlo. Desde la perspectiva legal no es constitucional, pues el estado comunal no existe en la Constitución vigente desde 1999, sino el estado federal – descentralizado, social, de derecho y de justicia. Fin de la discusión jurídica. El asunto es que el régimen toma un solo principio constitucional, el de la participación popular, y de él se aferra para crear toda una trama paralegal alrededor de un supuesto “proceso constituyente”, que solo busca legitimar la imposición del estado comunal sin convocar a un referendo, porque ello implicaría la votación directa y universal de todos los venezolanos y no solo de los pesuvistas.

A esto se le añade la victoria electoral del 7-O, de la que derivan la aprobación de un plan socialista distinto al programa de gobierno que el candidato consignó ante el CNE en el momento de su inscripción. Es decir, se quiere aprovechar la situación extremando sus límites. El debate del plan socialista no es un “proceso constituyente”, sino un debate político vía asambleas de pesuvistas, aunque la vocería gubernamental pretenda darle otro carácter.  Al hablar de “proceso constituyente”, el régimen trata de meter gato por liebre: “revisar” la decisión del pueblo del referéndum constitucional del 2 de diciembre de 2007, que sí tuvo carácter constituyente y donde se decidió por votación popular que no se aprobaba el estado comunal. Algunas de las leyes le permiten al presidente de la República hacer ciertos cambios e implementar  parte del ya negado proyecto de reforma. Es decir, cuenta con el basamento legal pero no legítimo desde el punto de vista político. En suma, el soberano le dijo que no.

Hay que decir que, en principio, no es negativo que existan nuevas formas de organización popular que permitan resolver los problemas más cercanos a la gente. En tal sentido, del estado comunal solo pueden ser  rescatables los consejos comunales.  Pero con los consejos comunales y  las comunas hay varios problemas que deben ser resueltos: en primer lugar, manejan discrecionalmente recursos públicos que no son sometidos a una auténtica contraloría social ni jurídica, así como tampoco hay verdadera  rendición de cuentas.  En segundo lugar, existe el problema de la  exclusión. Las leyes del poder comunal son explícitas en señalar que los consejos comunales y las comunas son para construir la sociedad socialista, no para vivir en democracia. Esto implica que para pertenecer a ella es obligatoria la manifestación de la voluntad de ser socialista. Claramente hay un sesgo ideológico y la idea del pensamiento único. Dicho de otra manera, un socialdemócrata no podría pertenecer a un consejo comunal, ni a la comuna.

Lo que está pasando hoy es que los consejos comunales que ya existen, y que tienen en su interior personas no afectas al socialismo, no reciben recursos financieros, materiales ni respaldo institucional. Eso es inaceptable, porque el otro dato duro de la realidad es que casi la mitad del país votó en contra de la propuesta presidencial el pasado 7-O.

Hay otros elementos en el tintero que deben ser sometidos a discusión. El proyecto en ciernes elimina y degrada el voto popular. Aunque en los consejos comunales se hacen elecciones para su funcionamiento interno, esto no ocurre para los niveles superiores del llamado estado comunal,  porque en ese caso no se hacen elecciones directas sino votaciones de segundo grado. Además, todo el aparataje comunal está adscrito al Poder Ejecutivo, léase, a la figura del presidente de la República, con lo cual ya sabemos que miles de organizaciones populares estarán sujetas al dedo y la voluntad de una sola persona. Se agrega el hecho de que la ley señala que el parlamento comunal (que forma parte de la comuna) debe regular la vida social basada en el interés colectivo por sobre el interés particular. Suena bien. ¿Pero quién defiende a las personas de los actos de la comuna, del parlamento comunal y, a la postre, del dedo del caudillo?

En definitiva, las instancias del llamado poder popular previstas en el proyecto de estado comunal sustituyen a las instituciones que basan su legitimidad y su poder  en la elección popular. No se trata del autogobierno como dice la ley, sino del poder asignado a una sola ideología, al pensamiento único y, en suma, a una sola persona. La discusión debe atender al fondo, a  los principios que están en riesgo, y eso va más allá de la legalidad. Lo que realmente ocurre es una usurpación de los poderes del ciudadano, de su soberanía que se expresa, entre otras cosas, mediante el voto. Las comunas son solo una parte del estado comunal: ése estado comunal tiene como objetivo político eliminar las formas del poder público cuyos principios se basan en la legitimidad que les da no solo la Constitución sino el voto universal, directo y secreto: un valor que no tiene la estructura que se quiere imponer por la vía de los hechos.

Angel Lugo

Secretario Político del CEN de AD