henry-ramos-allupEn mis ya distantes días de estudiante en la Universidad de Carabobo, tuve la suerte de contar con dos admirables profesores: Hernando Grisanti Aveledo, mi Maestro y entrañable amigo que me enseñó Derecho Penal General, y su Honorable Padre y padrino de mi promoción de abogados, Andrés Grisanti Franceschi, titular de Derecho Penal Especial y de Enjuiciamiento Criminal, eminentísimo Juez Superior en lo Civil, Mercantil, Penal, Tránsito, Trabajo, Menores y Hacienda de la entonces pulquérrima Circunscripción Judicial de Carabobo. De la ciencia y la ética que prodigaban desde sus iridiscentes cátedras, guardo el recuerdo agradecido de quien por más que corra el tiempo admira y evoca a sus Maestros como a sus propios progenitores.

Me enseñaron lo sustantivo y lo adjetivo del Derecho Penal: el principio de legalidad, la rigurosidad de la tipología penal, la irretroactividad de la ley salvo en los casos que fuere más favorable al reo por menos restrictiva de la libertad o por establecer penas más benignas, el debido proceso, las exigencias de la imputación, la publicidad del proceso y el acceso a las actas procesales, el sacrosanto derecho a la defensa, la responsabilidad penal personalísima e intransferible, el Ministerio Público como parte de buena fe, la probidad e imparcialidad de los jueces, las pruebas y su valoración, el célebre principio in dubio pro reo, el reclamo, la apelación, la recusación, el derecho a tribunal asociado, la plena independencia del Poder Judicial y éste como órgano del control difuso o concentrado de los actos del ejecutivo y el legislativo y tantos otros institutos consagrados para favorecer la recta administración de justicia y las garantías a los derechos  de los ciudadanos frente a terceros y al Estado.

Viendo lo que acontece con la justicia en los tiempos sórdidos que padecemos desde hace quince años, me siento hijo huérfano de una ciencia arcana, como el arqueólogo que remueve escombros tratando descubrir en los fósiles la grandeza sepultada en estas infaustas horas de la Patria. ¿Cómo ignorar los escabinos degenerados sin condición humana, con la inmunda chaqueta roja  sustituyendo la toga de la justicia y la cachucha deturpada en vez del birrete magistral, presididos por un  bandolero, más bien delincuente que juzgador, cuyo percudido nombre infama la imprenta? ¿Cómo ignorar los fusileros de Simonovis disparando a mansalva ante un asqueroso paredón disfrazado de tribunal, las sentencias express dictadas en el sigilo de la nocturnidad, los fiscales y tribunales cumpliendo como cancerberos los ucases del despotismo presidencial? ¿Y las aviesas interpretaciones de la ley, los ignaros y sinvergüenzas que las aplican, su utilización para lapidar a los adversarios políticos y su empleo para imponer una revolución malhadada?

Me vienen a memoria los desafueros de la Revolución Francesa de 1789, con muchos logros y mayores crímenes, cuyas miserias se han afanado en reproducir las réplicas posteriores. El tirano sin par que fue Maximiliano Robespierre, de cuyo indisputable sitial no pudieron desalojarlo ni Lenin ni Stalin ni Hitler ni Mao ni Pol Pot, estableció a partir de 1793 cinco “instituciones”  para consolidar su régimen: 1) El gobierno revolucionario, bajo el argumento de la “salvación pública”, una dictadura “protectora de los débiles contra los opulentos”. 2) El Terror, establecido oficialmente el 5 de setiembre. 3) El Tribunal Revolucionario, creado el 11 de marzo y reorganizado el 14 de setiembre, para juzgar más expeditivamente a los “sospechosos”, apoyándose en los célebres comités de vigilancia, encargados de descubrir, detener y poner los sospechosos a la orden del tribunal. 4) La Ley de Sospechosos y 5) El ejército revolucionario, para garantizar la aplicación de todas las medidas decretadas por el gobierno e imponer sueltamente el Terror oficial.

La Ley de Sospechosos consagraba la culpabilidad por asociación y la consiguiente ejecución de cualquiera por sus ideas, por parentesco, por amistad, por clases sociales, por vecindarios, por profesiones, por no celebrar los éxitos de la revolución, por criticarla, por la mera sospecha o por lo que fuera. Bastaba con ser señalado o delatado por un revolucionario para ser ejecutado. Era imputada por un tribunal con jueces que debían deliberar y sentenciar ante el público y siempre condenar para no ser a su vez sospechosos; no se requerían pruebas, ni defensores, ni siquiera la comparecencia del reo que casi siempre conocía de su delito innominado en el preciso instante de su guillotinamiento. Los bienes de los ejecutados pasaban a propiedad de la Nación y parte al delator en lo que constituyó una lucrativa profesión revolucionaria. Nada nuevo hay bajo el sol, cuando recuerdo el apotegma del Talmud: “¡Ay! de los pueblos cuyos jueces merezcan ser procesados.”

 

Henry Ramos Allup