Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, afirmó que la insistencia del candidato a la reelección, presidente Hugo Chávez, por decir que las Fuerzas Armadas son “revolucionarias, socialistas y chavistas” sería causal para un enjuiciamiento en cualquier país democrático, pero aún así, aseveró que los resultados electorales del 7 de octubre, en los que dio por hecho la victoria de Henrique Capriles Radonski, serán reconocidas por los militares activos, porque la mayoría es demócrata y el resto no tiene fuerza para desconocer esos resultados.

Ramos Allup ofreció ayer una rueda de prensa en la que aseveró que “en una democracia no puede haber temas tabú” y estimó necesario y pertinente dirigirse a los miembros de la FANB.

Calificó como “claro, directo y transparente” el mensaje enviado por Capriles Radonski a los militares y sus familias la semana pasada.

“La aspiración de los demócratas es que los militares se ocupen de lo suyo”, y por eso fustigó la insistencia del mandatario en tratar de involucrar a la FANB en la política electoral y hacerla ver como “suya”. “El que tiene armas no nos asusta”, añadió y se mostró en desacuerdo con quienes prefieren aproximarse al sector castrense por la vía de la adulación, cuando todos ellos están obligados por la Constitución y la ley a mantenerse respetuosos de la institucionalidad.

Sobre el acuerdo electoral suscrito por el Comando Venezuela en el CNE, Ramos Allup dijo que fue una decisión política en la que se decidió “en ese tómelo o déjelo, optar por el mal menor: firmar para evitar la crítica”. Explicó que al dejar constancia de que la Unidad se compromete a aceptar los resultados electorales del 7-O, le quitan al Gobierno el argumento para seguir insistiendo en que la oposición se prepara para desconocerlos.

Criticó al CNE porque “en una democracia normal este acuerdo es ocioso, insólito e innecesario”. Ratificó lo dicho por Capriles Radonski en el sentido de que se trató de un “acuerdo chucuto” porque dejó fuera uno de los temas más gruesos como es el uso y abuso de las cadenas presidenciales “de una desproporción enorme, fuera de todo cálculo”.

Demanda en el TSJ

También se refirió Ramos Allup en su declaración, pero de manera muy puntual, a la denuncia interpuesta contra las autoridades partidistas en el TSJ por, presuntamente, no hacer elecciones internas y mantenerse en sus cargos más allá de lo legalmente permitido.

Ramos Allup dijo que esas acusaciones judiciales que se presentan de tanto en tanto, lo que buscan es distraer esfuerzos de los asuntos prioritarios. Recordó que Raúl Hernández, promotor del amparo, fue miembro de la dirección nacional de AD pero nunca ocupó su cargo y que más recientemente buscó inscribirse en el PSUV. Dijo que los abogados de Hernández deberían saber que una acción de amparo tiene como lapso máximo seis meses después de ocurrido el hecho sobre el que se recurre y, si fuera un recursos contencioso electoral, el lapso se reduce a 15 días. Sin embargo, dijo Ramos, lo que se denuncia en el TSJ es una decisión del Comité Directivo Nacional (CDN) de AD que acordó, hace dos años y cuatro meses, ajustar el período de sus autoridades al mismo lapso estipulado en la Constitución para el Presidente de la República: seis años. De todos modos dijo que él acudirá a todas las citaciones necesarias.

 

Elvia Gómez

Noticia publicada en el Universal 21-7-12