El Director Ejecutivo de la Magistratura, Ingeniero Argenis Chávez, anunció que 185 trabajadores tercerizados pasarán a la nómina fija del Poder Judicial. Así, con pañitos calientes, se hace la vista gorda el funcionario de dudable preparación para el cargo que detenta, sobre una promesa que hiciere su difunto hermano en la campaña de 1998, la reforma del Poder Judicial Venezolano.

En efecto, cuando el presidente Chávez se presentó como candidato por primera vez en 1998, se convirtió en el paladín de la reforma judicial, aduciendo que el sistema se hundía en un espeso barro de corrupción.

Tal afirmación no era única del entonces candidato. Por el contrario, era una de las profundas reformas que habrían de emprenderse siguiendo las recomendaciones de la COPRE, había sido señalada por la famosa carta de los notables al presidente Carlos Andrés Pérez en 1990 y el Congreso de la República trabajaba en idear y diseñar el modelo institucional que permitiera superar las falencias de las que adolecía el sistema de administración de justicia.

Pero pasó lo que pasó en diciembre de 1998, y las expectativas estaban todas puestas sobre lo que haría aquél héroe que había venido del cuartel a salvar la democracia.

Hoy, en pleno 2013, vemos con profunda decepción, pero sin sorpresa, que toda aquella alharaca sobre la reforma judicial no era más que eso, verborrea demagógica, como ha probado serlo casi todo lo prometido por aquellos días. El sistema de administración de justicia venezolano ha sido dejado, cual perro sarnoso y mal querido, a su mala suerte, y es hoy en día, una triste sombra de lo que aquel imperfecto sistema de 1998 era.

La carrera judicial, elemento clave para garantizar la independencia e imparcialidad de los jueces, es un papel que hoy tiene la misma fuerza que los documentos de la independencia expuestos en los museos del país. La inmensa mayoría de los jueces venezolanos se juegan su cargo con cada sentencia que dictan, lo que ha llevado a muchos a sostener exabruptos jurídicos tratando de ser más revolucionarios que Chávez, o peor, muchos han corrido la suerte de la jueza Afiuni, la gran mayoría en silencio.

La justicia administrativa, encargada de controlar la legalidad de los órganos y entes públicos en el ejercicio del poder, es un fantasma que se reduce a sí misma a hacer los mandados judiciales del Ejecutivo. La justicia penal, sin infraestructura adecuada ni personal suficiente, dedica la mayoría de su esfuerzo a cumplir los mandados de cualquier chivo de turno que se disponga a levantar el teléfono, lo que termina por hacerla tan lenta que lo que le queda al gobierno es mandar a la ministra Varela a sacar presos a diestra y siniestra.

En fin, la reforma judicial ha sido vapuleada, fue una bandera útil hasta alcanzar el poder, pero luego, se convirtió en la perra sarnosa del gobierno. Y así nos tienen, como perros sarnosos, a los que exigimos justicia y a los que se atreven a impartirla, en contravención a las órdenes de Miraflores.

Francisco Ramírez Ramos

Miembro de la Comisión de actualización de tesis de AD