Manuel Rojas Pérez

Gracias a mi buen amigo, el profesor Antonio Silva Aranguren, tuve noticia de una nota de prensa publicada en la página web del Tribunal Supremo de Justicia. Esta información da cuenta de una actividad, pareciera que preparada por el máximo Tribunal de la República, denominada “Convivencia solidaria y justicia participativa: Comuna o nada”, y, según la misma nota, estaba dirigida “…a los funcionarios públicos de diferentes organismos del Estado y a integrantes de los consejos comunales que hacen vida en Caracas”.

Y digo ‘pareciera preparada’ por el Poder Judicial, ya que la misma nota destaca que es un juez de primera instancia municipal en funciones de control, quien informa sobre el resultado “…de las políticas propiciadas por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, que contribuyen con la articulación de los integrantes del Poder Judicial y las comunidades organizadas”.

Sabido es que la legislación de los últimos años ha intentado acercar el llamado Poder Popular, cosa que constitucionalmente no existe, a un órgano institucional del Poder Público, como lo es el Poder Judicial. Por ejemplo, en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se lee que los órganos comunales pueden colaborar con el sistema de justicia administrativa.

Ahora bien, esta nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia refiere que esa instancia judicial, la máxima del país, la que tiene como competencia, entre otras, la interpretación única y vinculante de la Constitución, organizó unas jornadas que tenían como título “Comuna o nada”.

 Queda claro que, sin dictar sentencia, los miembros del TSJ ya dejan claro que la Comuna es posible en el entramado constitucional, que si usted no está de acuerdo con el sistema comunal, queda automáticamente excluido por parte del Estado, es decir, queda en la nada.

 El Poder Judicial, por principio, por esencia jurídica, tiene la absoluta obligación -no sólo jurídica sino incluso moral- de ser imparcial y objetivo. Lo dice la Constitución, lo dice el derecho, lo dice la estatua que significa a la justicia: una dama desnuda con una venda en los ojos -que le permite ejercer su trabajo sin saber a quién está favoreciendo para asegurar que no hayan desigualdades- y una balanza en la mano -que asegura que la decisión debe ser equilibrada-.

Pero si desde ya el Tribunal Supremo asevera que “Comuna o nada”, asume una posición política. Como aquel nefasto “Patria, socialismo o muerte” que el tipo aquel después quiso cambiar cuando vio que venía la muerte pero el socialismo no terminaba de llegar, el “Comuna o nada” del TSJ refleja el más claro signo de exclusión por parte de la máximas autoridades judiciales de Venezuela. Los magistrados que organizaron ese evento llamado “Comuna o nada” no sólo decidieron ya, sin sentencia, la constitucionalidad de las Comunas, sino que le dicen a todo aquel que no se siente representado en el sistema comunal que es mejor que se vaya del país, ya que forma parte de la nada.

 Este apartheid político-judicial sólo conduce a más exclusión, desentona con el llamado al diálogo que hizo el presidente Maduro y nos hace dudar -una vez más- del mismo.

No es “Comuna o nada”, es “Constitución o nada”. Y en la Constitución ni dice nada de las Comunas ni dice que los magistrados del TSJ son actores políticos.

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