El abogado y concejal del municipio Chacao, Manuel Rojas Pérez, afirma que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha roto con la separación de poderes tras asumir una de las potestades del Estado, lo que es el ejercicio parlamentario.

Rojas resaltó que “la democracia necesita de su Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que cada uno de esos órganos sean personas, órganos distintos autónomos que se controlen entre sí”.

“La democracia requiere de pesos y contra pesos, lo que significa que los poderes públicos se mantengan equilibrados entre sí”, precisó. El abogado, detalla que estas son piezas fundamentales para la democracia, pero que al romperse ese equilibrio de poderes surge lo que se denomina ruptura del hilo constitucional.

No obstante, explicó que en el país existe claramente una dictadura judicial debido a que, a través del Tribunal Supremo se emitieron unas sentencias que rompen el hilo constitucional que interpretan la Constitución de una manera distinta que ella misma señala.

Rojas indicó que efectivamente se trata de un autogolpe provocado por el mismo Gobierno, “para sacarse de encima a un poder que lo está controlando y que no quiere no quiere que lo controle, como ha ocurrido en la historia latinoamericana muchas veces”, recordando lo sucedido en el Gobierno de Alberto Fujimori, cuando retiró el congreso peruano, y quien señala que en Venezuela está ocurriendo lo mismo. “Al punto de que a los diputados no los dejaron pasar a la sede del parlamento”.

“El golpe o autogolpe de Estado no se dio con la sentencia 155 y 156, esto comenzó en diciembre de 2014 cuando los anteriores diputados de la Asamblea Nacional nombraron de manera inconstitucional e ilegal a unos magistrados calificados como exprés, porque fueron nombrados sin cumplir la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia” aseveró.

En tal sentido, explicó que estas sentencias fueron la gota que derramó el vaso, y los ciudadanos lograron entender todo lo que estaba ocurriendo.

En cuanto a la “rectificación” de las decisiones emitidas por el Tribunal, expresó que esto “no existe dentro del marco normativo venezolano” debido a que en el “artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, norma que se aplica a todos los procesos judiciales en Venezuela porque es una norma rectora del derecho procesal dice que los jueces no pueden revocar ni modificar sus propias sentencias con el fin de garantizar la seguridad jurídica”.

“Eso que hizo la Sala Constitucional para tratar de lavar la cara para quedar como que no hicieron lo que sí hicieron es absolutamente contrario a la normativa venezolana” agregó. “Un juez autónomo no tiene que estar haciendo caso a ordenes o a solicitudes del Poder Ejecutivo, si estar pendiente si al presidente le gustó o no”.

“¿Qué pasa con estas aclaratoria? Nada, porqué seguimos en una dictadura judicial, sigue lo efectos de un golpe Estado” dijo. El concejal aseveró que en Venezuela no existe la separación de poderes.

Destitución de los magistrados

Con relación a la remoción de los magistrados de sus cargos, el abogado explicó que el caso se expone en el Consejo Moral Republicano, quienes tienen que notificar que este procedimiento está establecido en la Ley Orgánica del Poder ciudadano, informar al magistrado y ofrecerle su derecho a la defensa. Posterior a esto se esperan varios días para que se tome una decisión y se cuente como una falta grave.

Luego es remitido a la Asamblea Nacional conforme a su procedimiento, quienes determinarán la remoción de estos magistrados

Sobre las declaraciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el concejal Manuel Pérez aseguró que esto no fue una cortina de humo como muchos lo han catalogado. “Había evidentemente ruptura del orden constitucional y la Fiscal lo aceptó. Claro que esto fue una mala jugada del Gobierno, pues lo que hizo fue desnudar aún más el régimen”, dijo.

“Yo no creo que el Gobierno sea tan tonto de crear una jugada en donde salieran peor” detalló, rechazando que ello demuestre una real separación de poderes.

Concluyó, que es probable que para este año no se tengan elecciones, pero la oposición se mantendrá en las calles y se ejercerá más presión desde la Asamblea Nacional (AN).