Los regímenes militares y antidemocráticos en todas partes del mundo se han ufanado siempre de ser nacionalistas pues siempre han tratado de explotar los sentimientos y no la razón de los ciudadanos. Venezuela no ha sido la excepción en este comportamiento, empero, una revisión exhaustiva y objetiva de los hechos históricos nos dará como resultado que fueron los gobiernos civiles y democráticos los impulsores de una verdadera política nacionalista en nuestro país.

Mucha importancia tiene para nosotros el petróleo por ser la base de la economía desde las primeras décadas del Siglo XX y este hidrocarburo, al igual que el hierro y otros minerales, eran explotados por empresas extranjeras antes que la democracia nacionalizara esas riquezas. En ese entonces la explotación petrolera se llevaba a cabo a través de concesiones, es decir, permisos que otorgaba el Estado para aprovechar ese mineral y también otros. Las concesiones debían pagar un impuesto al gobierno nacional el cual era muy bajo.

En 1943 el gobierno de Medina Angarita aprobó una nueva ley de hidrocarburos que elevó ese impuesto al 16;67% y tuvo la virtud de unificar la tasa impositiva pues antes de ella era variable y dependía del acuerdo entre la transnacional y el gobierno.  A pesar de lo insuficiente de la medida, la mayoría de los historiadores la presenta con bombos y platillos como algo emblemático.

El Trienio Adeco (1945-1948) fue mucho más allá y sin embargo esos logros no han sido insuficientemente explicados y mucho menos entendidos. Por primera vez se planteó la idea de no otorgar más concesiones a las empresas extranjeras, pero se respetaron las que ya habían sido dadas y el 12 de enero de 1948 el Congreso Nacional aprobó otra ley para los hidrocarburos conocida popularmente como “Fifty-Fifty” pues elevó el impuesto a un 50%. Hay que resaltar que 12 días después era derrocado el primer presidente electo democráticamente en Venezuela, Rómulo Gallegos y esto ha dado lugar a las sospechas sobre la posible participación del gobierno norteamericano en el golpe pues la mayoría de las empresas que explotaban el petróleo eran de ese país.

Este pensamiento se refuerza debido al público dominio sobre las llamadas “operaciones encubiertas” que realizaba la CIA, organismo de inteligencia estadounidense, el cual estuvo detrás del derrocamiento del primer ministro de Irán Mohammad Mossadegh en 1953, quien nacionalizó el petróleo en su país y del presidente de Guatemala Jacobo Arbenz en 1954, pues nacionalizó las plantaciones de bananos antes propiedad de la empresa norteamericana United Fruit Company (hoy Chiquita Brands International). También impulsa a pensar lo mismo la fuerte penetración del capital estadounidense durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez ya que entre 1956 y 1957 otorgó más de 800.000 hectáreas de nuevas concesiones petroleras. Llegada la democracia en 1958 se decidió no dar más concesiones.

En 1960 y dentro del gobierno del presidente Rómulo Betancourt sucedieron dos hitos en este campo: la creación de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), primera empresa petrolera del Estado venezolano y también de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por iniciativa venezolana, ente que comenzó a restar poder a las transnacionales.

En 1971, bajo el primer gobierno del presidente Rafael Caldera, se nacionalizó el gas natural y se aprobó la Ley de Reversión Petrolera. Este instrumento legal establecía que finalizado el plazo de las concesiones pasarían sin pago de indemnizaciones al Estado venezolano junto con todas las maquinarias empleadas, las cuales debían ser entregadas en perfecto estado. Esto creó varias consecuencias, la primera fue la caída en la producción de petróleo pues las empresas extranjeras, conscientes que era un proceso de nacionalización gradual, dejaron de invertir en la exploración de nuevos pozos petroleros y la otra fue que las maquinarias se cuidaban, pero no se actualizaban.

Llegado al gobierno el presidente Carlos Andrés Pérez se decidió llevar a cabo la nacionalización de la industria como una jugada maestra para evitar la continua caída de la producción y el tener que gastar mucho dinero en sustituir maquinaria en buen estado, pero obsoleta. Nacionalizar en esas condiciones significó pagar indemnizaciones a las petroleras extranjeras ya que las últimas concesiones se vencían en 1983, pero a la larga fue lo mejor. El gobierno de CAP en 1975 nacionalizó la industria del hierro, creó Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) como nueva empresa para gestionar los hidrocarburos y el 1º de enero de 1976 culminó esa gran labor con la nacionalización de la industria petrolera.

Increíblemente los actuales usufructuarios del poder argumentan que la verdadera nacionalización fue en 2003, cuando tomaron el control de la industria luego del Paro Petrolero, pero además dicen que hoy en día es cuando “tenemos patria”, como si tener patria fuese sólo gritarlo a los cuatro vientos. No permitamos que nos cambien la historia.

Mario Buffone

Secretario de Cultura de AD Aragua