El pasado domingo vivimos una nueva página de nuestra historia democrática venezolana. Se midieron en contienda electoral –durante 10 días– dos venezolanos, con posturas políticas y desde ópticas nacionales muy diversas. Por el gobierno nacional, Nicolás Maduro Moros y, por la Unidad Democrática, Henrique Capriles Radonski. El Consejo Nacional Electoral (CNE) institución del Estado venezolano encargada de organizar y vigilar el proceso de elecciones en la República, la misma noche del 14 de abril, pasando por encima de la solicitud pública y notoria de reconteo del 100% de las papeletas electorales hecha por los voceros de la Unidad Democrática y su candidato Capriles, y bajo el asombro de todos en Venezuela –propios y extraños– dio como ganador al candidato del Gobierno y decidió proclamar el 15 de abril, al mismo candidato, sin tomar en cuenta el citado reclamo de la Unidad Democrática vía medios televisivos, nacionales e internacionales.

Sin salir del asombro, por el abuso de poder, y la extralimitación de funciones se han venido viendo las acciones de los “orquestados” órganos del Poder Público Nacional. El 16 de abril, como remembranza al asalto y la violación al Congreso ocurrida en el siglo XIX venezolano, en versión revolucionaria del siglo XXI, presenciamos una lesión personal en la Asamblea Nacional, dentro del hemiciclo parlamentario, tras el ataque al Diputado por AD, William Dávila, a quien le lanzaron un objeto que le causó ocho puntos de sutura en la cara, sin generar, ni una suspensión de la sesión, ni una censura por parte de la Directiva de la Cámara –dirigido por los afectos a Nicolás Maduro, presidente írrito. Pero para no salir de la sorpresa, el propio Presidente de la Asamblea Nacional, dijo: “…sólo daré el derecho de palabra a aquéllos diputados que reconozcan a Nicolás, como presidente (sic)…”.

El 17 de abril, la Unidad Democrática venezolana, ha continuado la entrega formal de las denuncias de irregularidades, inconsistencias numéricas, diferencias de actas y listado de votantes, entre otras…. Siguiendo el plan gubernamental, la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, quien construyó –tras sentencia firme e irrevocable– la figura de la “continuidad administrativa”  para que, a pesar de la ausencia física del finado Presidente de la República electo el 7 de octubre se pudiera “prescindir” de su persona para la juramentación por un nuevo periodo constitucional 2013-2019, con lo que surgió la encargaduría de Maduro y etc… expuso en la tarde del 17 de abril: “no existe el reconteo ni la revisión del voto vía manual”, adelantando opinión sobre cuestión no consultada al Tribunal, y sin ser de su competencia pero, como abriendo el camino a una posible juramentación y toma de posesión el próximo 19 de abril de 2013.

Hay estudiantes detenidos. Existen dirigentes políticos agredidos y ciudadanos heridos. Hay amenazas contra ciudadanos y sus familiares, civiles y/o militares, por disentir del abuso de la orquestada “maquinaria institucional venezolana”.

La Conferencia Episcopal Venezolana, el 17 de abril se ha ofrecido como mediadora entre las partes: una sociedad dividida tras los comicios del 14 de abril por una diferencia pírrica de votos.

Un pueblo con una profunda convicción democrática construida bajo la democracia que con sufrimiento, persecución y desaparecidos, tras la caída de Marcos Pérez Jiménez y con los partidos políticos, fue sembrada con sangre de mártires, con el amor por la paz y la coexistencia en una sociedad plural. ¡Por Venezuela, madura!

Rafael Martínez Nestares

Artículo publicado en www.eluniversal.com