El Código Orgánico Procesal Penal establece que “Procede la libertad condicional en caso de que el penado padezca una enfermedad grave o en fase terminal, previo diagnóstico de un especialista, debidamente certificado por el médico forense”.

Esta figura que se denomina “medida humanitaria”, consagrada en la legislación que establece los procedimientos de los juicios de carácter penal donde se imponen sanciones de presidio y/o prisión a las personas, se creó para asegurar que por encima de cualquier castigo se resguardara el derecho a la vida.

El artículo 43 de la Constitución establece que el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley, y por tanto, ninguna persona, podrá establecer ni aplicar la pena de muerte. El Estado, según la Carta Magna, tiene la obligación de proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad. Así expresamente lo dice la Constitución que fue hecha por los que hoy gobiernan.

El articulo 83 de la misma Carta Magna nos indica sobre el derecho a que la salud sea un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida.

Según la Constitución todas las personas -sin excepción ya que la misma prohibe la discriminación de cualquier tipo y establece la igualdad como un derecho fundamental- tienen derecho a la protección de la salud. El derecho a la salud es un derecho de primera generación, pues forma parte del derecho a la vida y del derecho a la integridad personal, por lo que no puede ser considerado como un mero agregado retórico o como un catálogo de buenas intenciones, cuya suerte se deja a voluntad de cada quien. La vinculación entre valores, principios y derechos propios del Estado social de derecho y de justicia, hace de este y otros postulados un mandato con pleno efecto normativo, esto es, obligatorio. El derecho a la salud, posee una especial fuerza normativa, pues está igualmente consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El constituyente puso énfasis especial en la manera como este derecho vincula a todos los poderes del Estado.

Quiero insistir en esto: no hay posibilidad de discriminar a una persona o a otra en su derecho a la salud, así esa persona se llame Iván Simonovis.

Evidentemente este artículo se refiere al comisario Simonovis y a la penosa situación que está pasando por el incumplimiento de los órganos judiciales de no dictar la medida humanitaria que, no sólo merece, sino que por justo derecho le corresponde y es de obligatorio cumplimiento por parte del juez de la causa.

Iván Simonovis está enfermo. Gravemente enfermo. La única forma de no otorgarle la medida humanitaria es que la Fiscalía demuestre la inexistencia de la enfermedad. Pero nadie ha podido desmentir que el comisario sufre de osteoporosis de cabeza y cuello de fémur, con riesgo de moderado a elevado de fractura de cadera, fractura vertebral a nivel de L2, de probable origen traumático, hipertrofia de ventrículo izquierdo y esofaguitis de reflujo, lo cual, según los especialistas médicos, puede hacer crisis de un momento a otro y provoque en él un cuadro fatal.

El nombre de la figura procesal “medida humanitaria” llama a confusiones. Con semejante nombre cualquiera pudiera equivocarse y pensar que el juez del caso puede o no dictar la libertad según su carácter humanitario. Nada más incorrecto. La medida humanitaria es absolutamente obligatoria. Nada tiene que ver con que el juez sea amable o condescendiente. La humanidad del juez en nada tiene que ver aquí. Puede ser el juez que menos crea en la humanidad, pero si se dan las condiciones, es obligatorio ordenar la libertad del condenado.

En el caso Simonovis se dan los requisitos. No hay posibilidad de no dictar la medida de libertad para el comisario. Sólo una orden inconstitucional e ilegal lo mantiene en la cárcel a riesgo de su vida.

Vaya mi palabra de aliento y apoyo al comisario Simonovis y a su esposa Bony, a quien conocí en la postulación de la candidatura de Diana D’Agostino a la alcaldía de El Hatillo y a quien no pude decir lo que aquí digo.

Manuel Rojas Pérez

Responsable Nacional de Capacitación y Doctrina de AD